En este decenio hemos vivido una de las mayores innovaciones en la prestación de diversos servicios, el auge de la llamada “economía colaborativa” ha generado una verdadera revolución alrededor de mercados que antes eran poco accesibles o poco eficientes: Uber, AirBnB, Rappi, entre muchos otros.
Este tipo de servicios se destacan por su economía (en su mayoría no pagan impuestos o pagan muy pocos), la ausencia de intermediadores, contante innovación y el contacto directo entre cliente-proveedor. Sin embargo, también se evidencian algunas desventajas que cuestionan la viabilidad de su existencia a mediano plazo.
Por ejemplo, gran parte de este tipo de empresas han tenido grandes dificultades para obtener un reconocimiento de los Estados, lo que dificulta su legalidad. Un caso reciente es el de Uber en Colombia en el cual el gobierno se demoró casi 4 años para determinar si era un servicio público o privado.
Por otro lado, se han señalado múltiples violaciones a los derechos laborales de los empleados: al no ser contratados directamente en la mayoría de los casos no tienen acceso a servicios sociales como salud o pensión. Además tienen que enfrentar líos legales cuando la empresa de economía colaborativa no ha solucionado su situación jurídica en el país, teniendo que enfrentar costosos procesos legales. Por último se han escuchado profundas críticas sobre la cooptación de gran parte de la utilidad de los empleados por parte de la empresa, porcentaje que llega en algunos casos al 30%, sin posibilidad de negociación con los trabajadores pues no tienen posibilidad de sindicalizarse.
Estos elementos configuran importantes retos que las empresas de economía colaborativa deben sortear para garantizar sostenibilidad a futuro. Sin embargo, muchos se preguntan si es deseable utilizar un servicio tan económico y cómodo mientras los empleados tienen tan malas condiciones laborales y las empresas se llevan una porción tan grande de las ganancias.
